Una empresa minera ha dejado de lado un par de nuevos proyectos, mientras la nueva reforma del sector da señales de mayor seguridad para el capital privado. La persona al frente de la compañía, quien prefiere reservar su identidad, asevera que estarán “detenidos hasta que exista mayor entendimiento de la certidumbre jurídica que va a implicar la nueva ley”.
Las inversiones en torno a las industrias extractivas son de largo aliento y, en lo que respecta a la minera, esperará en lo que se aclara el panorama debido a las nuevas modificaciones regulatorias antes de invertir un peso más. “El único problema ahora es entender un poco la aplicación de la nueva ley”, añade.
Un cambio tajante y de raíz llegó al sector minero el pasado 8 de mayo. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, la cual mantiene a la expectativa al sector al considerar que aún faltan detalles por aclarar, lo que afecta directamente a la certeza jurídica para la iniciativa privada.
La Cámara Minera de México (Camimex) estimó, antes de que la propuesta llegara al Senado, que su aprobación eliminaría cerca de 4,000 millones de dólares de inversión al año, al convertirse en un freno por implicar diversas modificaciones, entre las que resaltan las más radicales, relacionadas tanto con los periodos de las concesiones como con las labores de exploración, elementales para dicha actividad al involucrar la detección de yacimientos.