En un giro significativo hacia la política pública, el Rey Carlos III presentó el ambicioso programa del nuevo gobierno laborista, destacando la nacionalización de los ferrocarriles como una de sus principales propuestas.
Según el plan, los ferrocarriles pasarán a ser de “propiedad pública” al expirar los contratos actuales con operadores privados o en caso de que estos incumplan con los estándares establecidos. Esta medida busca mejorar la eficiencia del sistema ferroviario y garantizar que los servicios sean más accesibles y asequibles para los ciudadanos británicos.