En el cuarto día consecutivo de manifestaciones en Ciudad de Panamá, la policía antimotines utilizó gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes que intentaban acercarse a la Presidencia. Las protestas, encabezadas por diversos sectores de la sociedad, incluyendo obreros, maestros, ambientalistas y estudiantes, exigen la derogación de la ley que ratificó el contrato entre el Gobierno y la compañía canadiense First Quantum Minerals, permitiéndole operar la mina de cobre más grande de Centroamérica.
El movimiento de protesta surgió tras la sanción presidencial de la ley que respalda el contrato minero. Los manifestantes alegan que el acuerdo es inconstitucional y representa una amenaza para el medio ambiente. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el proyecto generará significativos aportes anuales al Estado y contribuirá sustancialmente a la economía nacional, generando empleos y aportando al PIB del país.