La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
El organismo ha solicitado al Estado de Guatemala que tome acciones para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los políticos, quienes han sido objeto de vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte desde la segunda vuelta electoral del 25 de junio de 2023.
Entre las amenazas señaladas se encuentran dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo, uno de los cuales involucraría agentes estatales e individuos particulares. Aunque el presidente electo ha recurrido a seguridad privada, la CIDH cuestiona la falta de medidas estatales efectivas en respuesta a estas amenazas.