Autoridades texanas, con apoyo del Partido Republicano y Donald Trump, destinaron un terreno en el condado de Starr para un centro de detención migratorio. Aunque el proyecto promete empleos en una de las zonas más pobres del país, activistas advierten riesgos por las frecuentes inundaciones del lugar y posibles violaciones a los derechos humanos.
El gobernador Greg Abbott y funcionarios locales defienden la obra como parte de una estrategia para contener la migración irregular, mientras organizaciones civiles critican su impacto en los derechos de los migrantes.
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