23

de

diciembre

de

2024

- 8:36 am

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AMFE pide actualizar políticas públicas para mejorar condiciones de acceso al crédito

La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializada (AMFE) emitió un posicionamiento en el que plantea la actualización de las políticas públicas a fin de mejorar las condiciones para que más mexicanos cuenten con acceso al crédito.

El gremio que agrupa a entidades financieras especializadas en crédito plantea un diálogo entre autoridades, legisladores y participantes en el sector. Entre sus solicitudes, piden una actualización a la regulación de registros públicos de garantías y vehiculares, además de mayores facilidades para el fondeo de sus representados.

La AMFE puntualizó que el desarrollo de la tecnología y la digitalización creciente de la oferta de productos de crédito, junto con el fondeo a las instituciones, son los principales habilitadores del financiamiento.

Estos factores, junto con el desarrollo creciente de las actividades de inclusión financiera, vinculada al acceso al Internet, constituyen las principales líneas de desarrollo del financiamiento.

Para este desarrollo, el gremio considera que la inclusión financiera se dará en un marco con condiciones favorables para recibir fondeo, con costos accesibles para las instituciones que puedan trasladarse la disminución en la tasa pasiva directamente al beneficiario del crédito.

“Si a ello se une la Banca de Desarrollo, a través de un incremento sustancial de recursos prestables a la pequeña y mediana empresa, a través de intermediarios no bancarios, el desarrollo del país puede alcanzar niveles más aceptables para la sociedad en su conjunto”, destacó la AMFE.

TENENCIA DE PRODUCTOS, ESTÁTICA

En este escenario, los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 apuntan que la tenencia de productos se ha mantenido en 68% desde el 2015, por lo que es imprescindible atender a las personas que actualmente no cuenta con servicios financieros.

Además, los agremiados proponen un diálogo que conlleve a la actualización de los registros públicos relacionados con la actividad de sus afiliadas, a fin de dar seguridad jurídica a usuarios y recuperar garantías en los créditos otorgados.

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