El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas constitucionales para evitar que personas que hayan ejercido cualquier tipo de violencia en razón de género ocupen algún cargo público.
Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, los diputados aprobaron la denominada “Ley 3 de 3 contra la violencia” que buscaba reformar los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana.
Con estas modificaciones se aprueba la suspensión de derechos o prerrogativas a aquellos ciudadanos que busquen un cargo público al poseer una sentencia por la comisión intencional de alguno de delitos contra la vida y la integridad corporal; delitos contra la libertad y seguridad sexuales; violencia familiar equiparada o doméstica; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo, así como a aquellos ciudadanos que sean declarados como personas deudoras alimenticias morosas; entre otros.
El dictamen ha sido enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.