La Secretaría de Gobernación anunció la aprobación de una reforma que establece duras sanciones para quienes impongan jornadas laborales superiores a las ocho horas diarias. Según el nuevo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, los jefes y empresas responsables podrán enfrentar hasta 12 años de cárcel y multas que van desde los 12.4 hasta los 17.4 millones de pesos, especialmente cuando las víctimas sean de comunidades indígenas o afromexicanas. Esta medida busca prevenir la explotación laboral y proteger los derechos de los trabajadores en todo el país.
La reforma, que modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, también establece penas de tres a 10 años de prisión y multas significativas para quienes obliguen a personas a trabajar más allá de lo legalmente permitido. Estas medidas entran en vigor inmediatamente y buscan frenar una práctica que afecta a numerosos trabajadores en México, país donde se registra una de las jornadas laborales más largas dentro de la OCDE.
