El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 344 votos a favor y 91 en contra, la Ley Federal de Derechos, en la cual el Gobierno Federal actualiza tarifas de diferentes servicios y pretende dotar de ingresos por 137 mil 505.5 millones de pesos.
Se ajustaron al alza las cuotas en los servicios migratorios, en materia de inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
A partir de enero de 2025 incrementará a 860.56 pesos el derecho que pagan los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, y a 223.09 la cuota por servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional.
Los legisladores modificaron los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos, a efecto de incrementar del 7.5 por ciento al 8.5 por ciento la tasa especial de derechos sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. Y se eleva de 0.5 por ciento al 1 por ciento la correspondiente al derecho extraordinario.
“El alza se da en razón de que el sector minero obtiene importantes beneficios económicos a partir de la explotación de minerales y sustancias no renovables propiedad de la Nación”, expone el Dictamen aprobado.
También aumentará en 20 por ciento la cuota por prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, con lo cual pasará de 185.91 a 223.09 pesos.
Eliminará la exención del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a las escuelas de aviación que realicen vuelos de enseñanza.
Da continuidad al esquema fiscal otorgado a las entidades financieras sujetas al pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El documento, que forma parte del Paquete Económico 2025, entre otros aspectos, modifica las cuotas por el acceso a las Áreas Naturales Protegidas, a fin de que los derechos reflejen un valor más cercano al impacto real que representa el uso de estos bienes de dominio público de la nación.
