Ante la incertidumbre de qué pasará con los 15 mil millones de registros de datos de los sujetos obligados que están en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y más de 9 millones de solicitudes de ciudadanía por acceso a la información, si se aprueba la desaparición del Inai, así como la no mención de lo que procedería en la protección del derecho de protección de datos personales y el hecho de que algunos sujetos obligados están bajando sus obligaciones de transparencia, el organismo evalúa ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Adelantó la comisionada Julieta del Río Venegas, quien subrayó que, de desaparecer, la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a sus datos personales a través de la plataforma va a afectar a millones de ciudadanos que tendrán que batallar con dependencias de gobierno para obtener datos de tal utilidad que les permitan jubilarse, pensionarse, incluso garantizar su derecho a la salud, y otras situaciones, para tomar decisiones.