El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda civil contra el estado de Texas por haber instalado una barrera de boyas en el Río Bravo, frontera natural con México, sin la autorización del Gobierno federal.
El objetivo de esta barrera era frenar el paso de migrantes hacia territorio estadounidense.
La Fiscalía argumenta que la instalación de estas boyas representa una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de plantear riesgos humanitarios y haber provocado una protesta diplomática de México.
La demanda exige la retirada inmediata de las boyas, acusando a Texas de vulnerar la Ley de ríos y puertos de 1899 al no contar con la autorización del Gobierno del presidente Joe Biden.
Por su parte, el gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha rechazado la orden del Gobierno federal para retirar la barrera de boyas instalada en el Río Bravo. Abbott acusó al presidente Biden de inacción ante la llegada de migrantes a la frontera sur del país y afirmó que Texas utilizará su autoridad constitucional para abordar la crisis migratoria.